Respeto en sus territorios, plantean coordinadores de la CRAC a la Guardia Nacional

Respeto en sus territorios, plantean coordinadores de la CRAC a la Guardia Nacional

--“No estamos confrontados”, aclaran coordinadores de cinco Casas de Justicia 

SNI, Chilpancingo, 29 de julio.- Representantes de cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) solicitaron que haya respeto de la Guardia Nacional (GN) a las 250 comunidades que integran su territorio, donde aseguran que no hay presencia del crimen organizado y la incidencia delictiva se ha reducido en un 95 por ciento.

En Chilpancingo, Juan García García, coordinador de la Casa de Justicia del Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres; Alberto Rojas León, de la Casa de Justicia de Zitlaltepec; Eufemio Cesáreo Sánchez, de la Casa de Justicia de Las Juntas, municipio de Acatepec, Taurino Reyes Leyva, de Espino Blanco y Adulfo Esteban de la Cruz, de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, fijaron postura en torno a diferentes asuntos que involucran al sistema de seguridad justicia que se ampara en la Ley 701.

Ellos explicaron que están en un proceso de revisión a sus reglamentos, para garantizar que sean las comunidades y sus asambleas las que mantengan el control de un sistema de seguridad que ha funcionado correctamente desde hace más de 24 años.

También consideraron importante deslindarse de cualquier expresión de autodefensa, las cuales operan en zonas no indígenas y en algunos casos, después de un proceso de crispación “terminan matándose unos con otros”.

Lamentaron que el año pasado, la 61 Legislatura haya aprobado una reforma al artículo 14 de la Constitución Política del Estado, que deja indefenso al sistema comunitario y que propició la presentación de dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), acompañó a los coordinadores de las Casas de Justicia de la CRAC, para señalar entre otras cosas que el sistema de seguridad y justicia de los pueblos originarios actualmente cuenta con un reconocimiento a nivel nacional e internacional, pues se reconoce que en las zonas en que opera la incidencia delictiva es mínima y más aún, en sus pueblos no existe presencia del crimen organizado.

 

Respeto ante la GN

Los coordinadores de la CRAC rechazaron que tengan algún acuerdo con la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que dirige Bruno Placido Valerio, en el sentido de trabajar juntos en la zona de San Luis Acatlán y Ayutla de los Libres.

“No hay acuerdos, no hay convenios públicos ni en los oscurito, la CRAC se mantiene firme y consolidada, ajena a cualquier otro grupo, cada quien es responsable de sus actos y nosotros nos sujetamos a un reglamento”, señaló Juan García García, coordinador de “El Paraíso”.

Eufemio Cesáreo Sánchez, de la Casa de Justicia de Acatepec sostuvo que la CRAC está en un proceso de depuración para consolidar sus estructuras, con la precisión de que no están en el ánimo de confrontar a las instituciones creadas por el Estado Mexicano.

“Nosotros no estamos en contra de la Guardia Nacional, no nos oponemos al Gobierno porque siempre hemos sido coadyuvantes y nunca nos hemos peleado; nosotros no nos matamos entre nosotros y solo tuvimos un caso que ya se está sancionado”, señaló Cesáreo Sánchez.

En todo caso, mencionó que la comunitaria lo que plantea es que la GN respete los territorios en que tiene presencia, sin negarse nunca a establecer una relación de coordinación cuando eso se requiera.

 

“Nosotros no tenemos nada en contra de la Guardia Nacional, ellos tienen como objetivo brindar seguridad al país y nosotros nuestro objetivo es dar seguridad y protección a los ciudadanos del territorio comunitario, es ahí donde lo que se debe hacer es marcar los territorios”, señaló Alberto Rojas León, de Zitlaltepec.

Agregó: “En todo caso, que la Guardia Nacional nos respete nuestro territorio, eso es lo más sano”.

Indicó que actualmente son 250 comunidades las que han adoptado el sistema de seguridad y justicia, en por lo menos 25 municipios

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